Las notas cortas para la actualización, discusión y despliegue instrumental del Plan Especial

1) Nota de comienzos de diciembre

Santiago Guevara García, economista, experto en gobierno, profesor de la Universidad de Carabobo, columnista de medios especializados españoles:
VENEZUELA REQUIERE URGENTEMENTE UN PLAN ESPECIAL ANTI CRISIS

En lo personal, a través de “Carabobeños por la Gobernabilidad Democrática” y con el apoyo de algunos colegas de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo trabajamos en la propuesta de un Plan Especial Anti Crisis para el país, en términos de un acuerdo formal público entre sectores profesionales, no necesariamente institucionalizados; políticos; empresariales; sindicales y vecinales, concretado en un pacto social especial, para el manejo de una propuesta de la sociedad venezolana al gobierno nacional, relativo a la atención de la crisis económica.

El Plan (PEAC), en proceso de validación técnica, está constituido por cinco componentes: 1º) el acuerdo formal; 2º) un conjunto de recomendaciones normativas dirigidas a corregir situaciones presentes, para atenuar sus efectos; 3º) medidas anti cíclicas, para contraponerlas a las adversidades de la específica crisis actual; y 4º) recomendaciones para la expansión y mejoramiento cualitativo del sistema económico, de forma de hacerlo más robusto frente a nuevas eventuales adversidades; y, 5º) las iniciativas sociales, de opinión e informativas útiles para garantizar la ejecución y efectividad del Plan.

El entorno económico del año próximo se nos muestra altamente preocupante en cualquier escenario que se mire: una drástica caída del crecimiento, la desaparición de la situación boyante de gasto público y liquidez permitida por los precios altos del petróleo (que –hay que decirlo- ha sido la única fortaleza económica del país en los últimos años), un escenario de mediana a alta probabilidad de ajuste cambiario, la persistencia o recrudecimiento de la inflación, un presupuesto de divisas para importaciones seriamente afectado por los ingresos corrientes previstos, etc.

Como medidas esbozadas para un inteligente ajuste macroeconómico –componente absolutamente indispensable- adelantamos: 1º) las decisiones de racionalización no traumática del gasto público presupuestario y parapresupuestario; 2º) la limitación, a no más de un 20 %, del uso de los fondos parafiscales existentes para gastos corrientes, y 3º) el mejoramiento de la posición crediticia internacional del país y el uso de los mercados de títulos públicos, como contención principal de la crónica inflación interna, reconocido el obstinado, ideologizado y poco profesional manejo gubernamental de las políticas de estabilización.

La otra opción: recorte lineal o no selectivo –pero sustancial- del gasto público, la dilapidación de los fondos parafiscales en el irracional gasto público oficial y el recurso a alzas de las tasas de interés a niveles positivos (por encima de la inflación) nos situarían frente a un ajuste draconiano, de imprevisibles consecuencias o de exigencias distintas.

Sin embargo, el componente de mayor interés es el relativo a las medidas anti cíclicas, apoyadas, en lo fundamental, en un inteligente y creativo uso del gasto público, inclusive deficitario, como elemento dinamizador de la economía real.

El PEAC se propondrá, de buena fe, a la iniciativa del gobierno nacional. Pero, en caso de una respuesta negativa, se propondrá como iniciativa legislativa especial, en razón de lo apremiante de la expectativa de crisis nacional.

2) Nota de comienzos de enero, después de medida de restricción de divisas a viajeros

Santiago Guevara García, economista, experto en gobierno y Luis Eduardo Henríquez, abogado, especialista en procesos administrativos, profesores de la UC:

El bajo impacto económico de la única medida conocida –la restricción del cupo de divisas a viajeros- y la inexistencia de medidas conexas e integrales hacen concluir que el gobierno no posee respuestas satisfactorias frente a la evidente crisis económica. A no ser que su forma de ahorrar recursos sea la limitación de la libertad económica de todos y la dramática y ostensible caída de la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, expresada en la crisis de seguridad, vivienda, electricidad y atención hospitalaria a los sectores populares, por ejemplo.

El problema económico presente no es sólo cambiario. Es decir, no es sólo que de acuerdo a nuestras estimaciones, el total de ingresos de este año, por venta de petróleo, va a ser menor que las meras importaciones de bienes y servicios. También hay un severo problema fiscal, en tanto tales ingresos, en el mejor escenario, apenas alcanzarían para financiar sólo un 60 % del presupuesto aprobado, en un contexto de contracción del crédito internacional y caída del PIB, lo cual limita los montos de las otras fuentes de recursos presupuestarios. Pero hay más: la inflación, los intereses y la tasa de cambio efectiva se dispararían a niveles de riesgo tanto en lo económico como en lo político. Lo único que se moderaría –y no es precisamente una buena noticia- sería el incremento salarial de este año.

Tal como hemos venido insistiendo desde mediados del mes pasado, el único camino riguroso es la formulación de un Plan Especial Anti Crisis, que aborde técnicamente el análisis y diseño de un conjunto amplio de medidas en todas las dimensiones del complejo problema económico enfrentado. Y que lo haga no con la irresponsable carga de política con la cual el gobierno ha podido conducir la bonanza, sino que considere que es precisamente en épocas de escasez cuando más necesarias resultan las prácticas económicas sanas.

El Plan debe necesariamente realizar un ajuste macroeconómico exigente: ajustes en las tasas de cambio; racionalización severa, pero no necesariamente traumática, del gasto público; optimización del uso de los varios fondos para-presupuestarios existentes y una ingeniería política y financiera proactiva que mejore la posición crediticia internacional, a varios fines. Pero, también debe actuar anticíclicamente y tomar medidas que solapen la crisis, tales como, por mencionar sólo dos: asumir un importante déficit fiscal y optimizar su uso, con parámetros exigentes de eficiencia del gasto público.

Y todavía son necesarias muchas medidas más. Todas ellas las hemos incluido en el Plan Especial mencionado.

El gobierno no debería cometer dos errores que le podrían resultar costosos políticamente: seguir cargando de costos y frustraciones a toda la sociedad venezolana –y no sólo a la clase media, como tanto se dice- y no considerar la opinión de diversos sectores en el momento de su ya tardía respuesta a la evidente crisis económica y de prestación de servicios públicos.
La manera de viabilizar la propuesta del Plan Especial tiene plena cobertura legal, pasando por una exigencia social –como la que hacemos- que requiere la intervención urgente de la Asamblea Nacional.

La responsabilidad, como órgano integrante del Poder Público, recae en el órgano legislativo, el cual, tendrá que dictar una Ley que le de sustento a las medidas sugeridas para afrontar la crisis. Ese elemento institucional juega un papel relevante para garantizar la participación de los sectores académicos, profesionales, vecinales y gremiales. Con ello se lograría afinar los mecanismos para prevenir los embates y el impacto del fenómeno mundial y el bajo desempeño gubernamental.

En otra oportunidad, el extinto Congreso Nacional, sancionó la “Ley de Regulación de la Emergencia Financiera” ante un escenario de crisis en el sector bancario. Hoy día, frente a una dificultad de espectro mayor, requerimos lo propio, con una marcada exigencia de lo técnico y con la intervención de lo más granado de la vida nacional, sin pruritos políticos que discriminen al sector no oficialista y crítico de la política económica gubernamental. Lo fundamental de la problemática nacional actual es de naturaleza económica y de desempeño gubernamental y el gobierno sigue cargando la agenda y su actuación de temas puramente políticos.

La vía que proponemos podría provenir, incluso, de una iniciativa de los electores, tal como permitido por el artículo 204 de la Constitución.